¿Qué tipo de magistrados del TC queremos elegir?
Por Juan Carlos Ruiz Molleda y Luis Andrés Roel Alva de JUSTICIA VIVA
En momentos en que acaba de cerrarse la etapa de tachas contra los postulantes a magistrados al Tribunal Constitucional (TC) (ver: tabla de tachas), es oportuno hacer un pequeño balance de la forma como se viene desarrollando el proceso de elección, a cargo de la Comisión Especial del Congreso, y de los resultados que hasta la fecha se han obtenido.
Cuatro son los comentarios que queremos hacer: primero, llamar la atención sobre la falta de transparencia del proceso, toda vez que la Comisión Especial del Congreso no publica las hojas de vida de los postulantes; un segundo comentario tiene que ver con la ausencia de juristas constitucionalistas de prestigio, entre los postulantes, salvo algunas excepciones; un tercer comentario, causa del anterior, es la falta de conciencia clara en los miembros de la Comisión Especial y en los propios candidatos, sobre qué tipo de magistrados se quiere elegir, y sobre la necesidad de precisar y utilizar un perfil del magistrado a lo largo del proceso. Finalmente, un cuarto comentario tiene que ver con el hecho que estén postulando jueces en actividad, a pesar de la prohibición constitucional.
Falta de transparencia: no se han colgado las hojas de vida de los candidatos
A pesar que nos encontramos en pleno proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, que ya acabó la etapa de recepción de propuestas (del 7 al 30 de diciembre de 2009), la etapa de publicación de la lista de postulantes (8 y 9 de enero de 2010), y que el día 19 de enero acabó la etapa de presentación de tachas; aún la opinión pública desconoce, más allá de los nombres y apellidos, quiénes son los abogados que pretenden ocupar el cargo de magistrados del TC.
En tal sentido, nos preguntamos ¿por qué no se publican las hojas de vida de los candidatos en la página web de la Comisión Especial encargada de recibir propuestas y seleccionar los candidatos? No hay pretextos, además, la publicación de las hojas de vida no irrogaría ningún gasto, toda vez que ya se cuenta con la página web respectiva (ver: página web de la Comisión).
La opinión pública quiere y tiene derecho a saber más sobre aquellos que aspiran a ocupar cargos de tanta importancia, y en ejercicio de una función pública. Quieren saber más, por ejemplo, sobre su desempeño profesional y los servicios profesionales prestados durante su carrera, quieren saber sobre los clientes a quienes han defendido como abogados, si han defendido a acusados de delitos de narcotráfico, corrupción de funcionarios, graves violaciones a los derechos humanos, quieren saber sobre su trayectoria democrática, etc. Quieren ver en definitiva, si estos candidatos se ajustan al perfil que el cargo de magistrado del TC demanda.
La única manera que tiene la opinión pública, la prensa y la comunidad jurídica, de fiscalizar el proceso de elección y de poder contrastar la información que ellos han presentado en sus hojas de vida, es difundiendo la información que ellos han consignado en estas. Se están cometiendo los mismos errores de la Comisión Especial presidida por el actual Ministro de Justicia Aurelio Pastor en el año 2007, cuando guardó de manera insólita e inexplicable las hojas de vida de los candidatos “bajo siete llaves”, y hubo luego que batallar mucho para que fueran publicadas por la prensa escrita(2).
La publicación de las hojas de vida es un elemento clave de transparencia del proceso. No estamos pidiendo nada extraordinario, el Concejo Nacional de la Magistratura (CNM) en su momento, publicó los CV de los postulantes a vocales supremos, y nadie objeto eso. Todo lo contrario, el proceso de selección ganó en legitimidad y transparencia. Esta demanda de transparencia es aún más importante y necesaria si tenemos en cuenta que la mayoría de los postulantes son abogados poco conocidos para la opinión pública y la prensa, salvo algunas excepciones.
Además, esto puede contribuir a que la sociedad civil se involucre y colabore con el Congreso y con la Comisión Especial, alcanzando información relevante a esta última, sobre la trayectoria de estos candidatos, o información de alguno de estos que los desmerezca para el cargo al cual postula, incluso, aún cuando haya concluido la etapa de tachas.
Esta exigencia también es importante si tenemos en cuenta que en toda elección de magistrados de las cortes constitucionales, a cargo del Congreso, existe una tendencia a repartir los cargos ente las fuerzas políticas. De esta manera, cada agrupación partidaria pueda colocar a un magistrado en la medida que las otras agrupaciones lo hagan. La única manera de neutralizar esto, y de asegurar que no se sacrifique la calidad y la idoneidad de los postulantes, es a través de la transparencia del proceso y de la mirada atenta y vigilante de la prensa, y de la opinión pública. Por todo ello, saludamos y respaldamos el pedido formulado por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde en su calidad de miembro de esta Comisión, al Presidente de la misma, para que se publiquen las hojas de vida detalladas de cada candidato inscrito, que no se haya retirado (ver: oficio).
Ausencia de constitucionalistas de prestigio entre los candidatos
Lo primero que hay que decir es que, salvo las excepciones mencionadas, los candidatos son personas poco conocidas, no solo en el mundo constitucional sino en el mundo académico y jurídico. Ningún abogado constitucionalista de prestigio conocido, y destacado del mundo académico, está postulando. Ante la falta de difusión de las hojas de vida por la Comisión Especial del Congreso, hemos buscado información sobre estos candidatos, y aquí les presentamos nuestros hallazgos:
Una primera constatación es que los candidatos que vienen del mundo académico son pocos. Sin lugar a dudas el que más destaca, y es en nuestra opinión el candidato que más se ajusta el perfil de magistrados del TC, es Carlos Ramos Núñez, conocido profesor e historiador del derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Estudió Derecho Romano e Historia del Derecho Europeo en las universidades de Roma (La Sapienza) y Tor Vergara (Roma II). Además de ejercer la docencia en varias universidades nacionales, es profesor visitante en la Robbins Collection de la Universidad de California (Berkeley) y profesor visitante de la Universidad de Sevilla. Ha sido investigador del Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo, con sede en Frankfurt del Meno (Alemania).
Asimismo, ha recibido el Premio Ricardo Zorraquín Becú, correspondiente al trienio 2001-2003, otorgado por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, con sede en Buenos Aires, por su obra “Historia del Derecho Civil Peruano. Siglo XIX y XX”, otorgada a la mejor obra de historia del derecho moderno publicada en lengua española y portuguesa.
Tenemos también al profesor Cesar Chanamé Orbe, conocido por sus publicaciones sobre derecho constitucional y ciencia política. Hay otros menos conocidos, como por ejemplo Santiago Osorio Arrascue, profesor de la Universidad San Marcos (UNMSM), y con algunos artículos de temas variados. De otro lado, en provincia destaca Oscar Marco Antonio Urviola Hani, abogado arequipeño, quien ha sido decano del Colegio de Abogados de Arequipa y además es propuesto por este. Es miembro de la Cámara de Comercio de Arequipa y ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María.
Asimismo, tenemos un buen grupo de magistrados que quieren ser miembros del TC. Nos referimos al Juez de Cajamarca Lucio Alfonso Arana Sánchez; al vocal superior de Tumbes, Zenón Alejandro Bernuy Cunza; al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Carlos Alberto Celis Zapata; al Vocal de la Segunda Sala de Reos en Cárcel de Lima, Wils Anselmo Hugo Gonzáles Muñoz; al Juez de Lima, Luis Hilario Llamoja Flores; al Vocal de la Corte Superior de San Martín, Nelson Montenegro Arrascue; al Vocal Tomás Alejandro Morán Ortega de la Segunda Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte de Lima; al Vocal de la Sala Civil de la Corte Superior de Huaura, Juan Enrique Pestana Uribe; a Luis Miguel Rodríguez Esqueche ex-presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; a Marlene Leonor Rodríguez Sifuentes, Vocal Superior de Huaura; a Sergio Roberto Salas Villalobos, ex-presidente de la Corte Superior de Lima; y finalmente, a Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi, Vocal de la Corte Superior de Lima. También tenemos fiscales, como por ejemplo Raúl Ricardo Durand Valladares, de Lima; José Roque Ruiz Ruesta, Fiscal Provincial de Amazonas; y al ex fiscal superior de Lambayeque, Hugo Florentino Lamadrid Ibáñez.
También tenemos candidatos que han trabajado antes en el propio TC. El primero de ellos es David Miguel Dumet Delfín, abogado que fue asesor jurisdiccional del TC hasta el 2009, y quien renunció por discrepancias con la forma como se estaban manejando los recursos del TC. Se trata de un abogado con una sólida formación jurídica, tiene doctorado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España; una Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú; es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; y profesor universitario en varias universidades, entre ellas la Universidad de Piura, además de haber dictado cursos en la Academia de la Magistratura. También tenemos al ex magistrado del TC Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen, quien desea volver a ocupar el cargo.
Otros candidatos han sido propuestos por algunas Universidades, entre estos están Jorge Alberto Angulo Iberico, abogado de Lambayeque y propuesto por la Universidad Pedro Ruiz Gallo; Manuel Eduardo Cevallos Flores, abogado propuesto por la Universidad de Piura; y finalmente Guillermo García Coello, abogado propuesto por el Colegio de Licenciados de Administración de Lambayeque. También hay candidatos que han postulado a otros cargos sin éxito, es el caso de Rosendo Alfredo Estacio Bustamante, abogado que postuló al cargo de Contralor General de la Republica. Aquí también podemos ubicar a Julio Quintanilla Loaiza, abogado y ex Vocal de la Corte Superior de Cusco, este ha postulado sin éxito varias veces a varios cargos, entre los que destaca el CNM.
Entre los candidatos también figuran algunas personas que ocuparon altos cargos públicos, es el caso de Luz Aurea Sáenz Arana, ex-Decana del CAL y ex Contralora de la República; y de María Zavala Valladares, ex Presidenta de la Corte Superior de Lima y representante del Perú ante la OEA. Aquí también debería de contar a Jorge Alberto Angulo Iberico antes mencionado, quien fue presidente del CNM y Decano del Colegio de Abogados Lima.
Finalmente, también hay postulantes con serios cuestionamientos. Es el caso del juez Benjamín Carlos Enríquez Colfer, a quien el CNM en el 2004, encontró un gran desbalance patrimonial(3); y de Abel Alberto Muñoz Sáenz, juez vinculado a Montesinos por la Revista Caretas(4). Por cierto, falta un conjunto de abogados sobre los cuales no hemos encontrado información ni siquiera en internet.
¿Pueden jueces en actividad postular a magistrados del TC?
Algo que sorprende, no solo es la cantidad de jueces que están postulando, sino que lo hayan hecho a pesar de la prohibición contenida en el artículo 201 de la Constitución, que señala literalmente:“No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación”. Ninguno de los magistrados que están postulando ha renunciado al cargo hace un año. ¿Desconocimiento de la norma por parte de los jueces?
Hay otra interpretación del artículo 201, manejada por el Dr. Jorge Campana, asesor de la Comisión de Constitución del Congreso, en el sentido que este artículo “no debe ser interpretado como impedimento para postular al cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, sino como un requisito insoslayable que debe ser exigido al momento de la elección”(5). Sin embargo, incluso aceptando esta interpretación, los jueces que postulan siguen ejerciendo la función jurisdiccional.
Pero no solo eso, algunos de los que postulan, al haber sido sancionados disciplinariamente, no pueden hacerlo en virtud del artículo 12, inciso 1 de la Ley 28301, el cual señala que: “No pueden ser elegidos miembros del Tribunal […] Los Magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público que hayan sido objeto de separación o destitución por medida disciplinaria”.
No se trata de jueces desinformados y desactualizados, los jueces que postulan no han renunciado. Ese solo hecho de postular sin acatar las normas legales, ya los pinta de cuerpo entero, y dice mucho de su respeto a las leyes y al ordenamiento jurídico.
Conclusión: necesidad de tener conciencia sobre el perfil del magistrado del TC
Uno de los principales cuestionamientos que debemos hacerle a la Comisión Especial del Congreso, es que no ha definido previamente cuál es el perfil del magistrado que el TC necesita. No se trata de un cargo más. La ausencia de juristas constitucionalistas entre los postulantes, es consecuencia de esta falta de claridad sobre qué tipo de magistrados se necesita.
El perfil del magistrado es mucho más que el conjunto de requisitos que se exigen para postular y para ser elegido. Debemos comenzar por diferenciar entre los requisitos mínimos para postular, y el perfil del magistrado del TC. Los primeros son una herramienta de filtro para depurar la lista de candidatos; el segundo, constituye un parámetro más cualitativo, de evaluación de los candidatos que reúnen los requisitos mínimos. Este último tiene que ver con el importante y fundamental papel que el TC desarrolla en un Estado democrático y constitucional de derecho, como máximo órgano de control constitucional.
Hubiese sido idóneo que este perfil haya precisado antes de la convocatoria, así se hubiera podido evitar por ejemplo, que personas con procesos penales o sancionadas por la comisión de ilícitos, postulen, o la postulación de personas que no reúnen los méritos necesarios. No se trata de elegir a los que más se acerquen al perfil, de forma automática. Se trata de elegir únicamente a aquellos magistrados que reúnan no solo todos los requisitos exigidos, sino que realmente, por sus cualidades personales y profesionales, y por su conducta profesional, evidencien que están a la altura de ocupar un cargo de tanta importancia.
Tal como lo planteamos en nuestra propuesta de reglamento de elecciones de magistrados del TC, alcanzado al Congreso(6), los principales componentes de este perfil son los siguientes: a) Trayectoria de vida personal y profesional intachable; b) Compromiso y experiencia en la defensa de los derechos fundamentales, del Estado de Derecho y de la democracia; c) Formación jurídica especializada; d) Independencia e imparcialidad; e) Tener honestidad e integridad moral; f) Vocación de servicio; g) Capacidad Lógica-Jurídica y de Argumentación; h) Conocimiento del contexto socioeconómico de la sociedad, y capacidad de adaptabilidad al cambio; i) Espíritu creativo, etc.
Consideramos que el perfil de magistrado del TC, constituye una herramienta que puede contribuir a limitar, disuadir y/o neutralizar los intentos de sacrificar idoneidad y calidad personal y profesional, en aras de lealtades partidarias mal entendidas. Ciertamente, esto no basta, también deberá exigirse una firme vigilancia ciudadana por parte de la prensa y la opinión pública.
La Comisión Especial del Congreso está aún a tiempo de introducir los correctivos necesarios para que esta elección no naufrague, y llegue a buen puerto. Primero, debe disponer la inmediata publicación de las hojas de vida de todos los candidatos. Luego, debe evaluar seriamente la posibilidad de ampliar la convocatoria de los postulantes, toda vez que faltan ente los candidatos, constitucionalistas de prestigio que le den realce a este proceso.
Si ya resulta fatal que un Congreso con escasa confianza y credibilidad, elija a los magistrados del TC, más complicado es en términos de legitimidad, que se elijan como magistrados a postulantes que no se ajustan al perfil exigido por la importancia del cargo. Finalmente, resulta imperativo que la Comisión Especial precise el perfil de magistrado del TC, que se necesita.
Leer mas ...